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Recetas Ruinosas

La base del contenido de este artículo ya fue en su día denunciado desde esta web (como se puede leer más bajo), y parece que al cabo de los años los medios de comunicación se están haciendo eco del daño que la medida de la Ministra Villalobos está causando y causará a los ciudadanos si no se paraliza dicho Decreto Ley.

Los farmacéuticos se niegan a dispensar medicamentos caros porque tienen que devolver al Estado más de lo que ganan

R. M. | Madrid

Un medicamento resume el problema. Se llama Glivec, cuesta 2.556 euros y sirve para tratar la leucemia. Sin embargo, pese a su elevado precio, muchos farmacéuticos se niegan a dispensarlo y desvían a los pacientes hacia otras boticas. No se trata de un problema moral. Es mucho más serio: es un asunto pecuniario.

Ocurre que de esos 2.556 euros, el farmacéutico sólo recibe 33,57 euros -ésa es la cantidad máxima de beneficio por cada medicamento que se vende con receta y que supera los 78,24 euros-. Y desde junio de 2000, cuando el Ministerio de Sanidad aprobó un real decreto para contener el gasto farmacéutico, las farmacias que facturan más de 27.646 euros al mes en recetas tienen que devolver una parte (el 7%) al Estado. Así, hay farmacias que prefieren no dispensarlo porque aumenta mucho la facturación y acaban devolviendo más de lo que ganan. Ocurre igual con otros medicamentos caros.

'Es un efecto perverso, y los farmacéuticos tienen la obligación de dispensar todos los medicamentos, pero ¿se puede exigir a alguien que pague para dispensar un medicamento?', se pregunta la secretaria general de la Federación Española de Empresarios de Farmacia (FEFE), Isabel Vallejo. FEFE agrupa a 14.000 profesionales con farmacia.

Hay más de 6.000 farmacéuticos que coinciden con ella y que hace más de un año plantearon un pulso a Sanidad en forma de recursos a la norma. Quieren que el real decreto sea declarado inconstitucional y que Sanidad les devuelva los 380 millones de euros que han pagado al Estado desde que entró en vigor. En España hay unas 19.500 farmacias y el real decreto afecta a 8.500. A través de asociaciones y colegios, por unos 150 euros, cada botica presentó su recurso. La norma fue anunciada en su día como una forma de contener el gasto farmacéutico, que en 1998 creció el 10,57%, y en 1999, el 9,96%.

Rafael Ariño, del despacho de Madrid que representa a casi 4.000 farmacéuticos, afirma que 'jamás se puede gravar la facturación, porque no refleja lo que uno gana, no tiene nada que ver con los beneficios'. Las farmacias que facturan en recetas más de 27.646 euros (IVA incluido) devuelven al Estado el 7% de lo que facturen. El porcentaje crece hasta el 13% conforme lo hace la facturación.

Sanidad se enfrenta a un alud de recursos por el sistema de facturación de boticas

Ariño añade: 'Hay jurisprudencia que señala que sólo se pueden gravar los beneficios. Pero, además, en la facturación está incluido el IVA, una cantidad que ya recauda el Estado y por el que el farmacéutico paga aunque no lo recibe él'.

Gracias a la norma recurrida, el Estado ingresó 180 millones de euros en 2001. En 2002, FEFE estima que la cantidad puede ascender a 215 millones. Y va a más. Vallejo explica que como la norma no se ha actualizado con el IPC, y el precio de los medicamentos y el gasto sigue aumentando cada vez hay más farmacias afectadas por el real decreto.

Ariño da una idea de la magnitud del asunto: 'Esto puede tardar más de ocho años, y cuando se resuelva, si lo ganamos, la cifra que tendrá que pagar el Estado puede ser astronómica, aunque, a saber quién está entonces en el Gobierno'. Tal vez por eso, Sanidad remite a las conversaciones que ha mantenido con FEFE. En noviembre de 2001 acordaron modificar el texto y excluir los medicamentos más caros del cálculo. Pero el acuerdo no se ha trasladado todavía a la norma. Vallejo advierte: 'Aunque lleguemos a un acuerdo, los recursos son individuales'. Eso quiere decir que dicho acuerdo, a la vista del alud de recursos, no significa el fin del litigio.

Pese a la seguridad de los farmacéuticos (Sanidad prefirió no valorar el estado de los juicios) la única sentencia que hay hasta el momento favorece al Estado. Fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y está recurrida.

Los recursos están presentados en Andalucía, pero también en otros puntos de España. Al afectar a un real decreto, tiene que ser el Tribunal Constitucional el que decida su hipotética modificación. Pero para llegar allí tiene que enviarlo otro juzgado ordinario. Así, para aumentar las probabilidades de llegar al Constitucional, los farmacéuticos lo han presentado en toda España 'para dar con un juez valiente', en palabras de Ariño.